Economía Crítica y Crítica de la Economía

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La educación superior en la ecuación de la desigualdad

Autor: Damian Herrera

ctxt.es

Gracias a los estudios económicos y sociológicos que periódicamente se publican sobre la desigualdad social podemos conocer bien las dimensiones de ésta y su evolución, tanto a escala local, como regional y mundial. El ensanchamiento de los sectores medios de la clase trabajadora en el capitalismo moderno, anterior a la década de los ochenta del siglo pasado, describía, gráficamente, la distribución de los recursos sociales y económicos que por entonces aún se concentraban en estos sectores. Sociólogas como Saskia Sassen han analizado los cambios posteriores que originaron el estrechamiento, y con ello el proceso de desclasamiento, que dichos sectores experimentan hoy en sus propias carnes como efecto de la concentración de los recursos en los sectores superiores de la pirámide social. Estas nuevas condiciones surgidas en el capitalismo avanzado, empujan a los sectores medios de la clase trabajadora hacia abajo, en un proceso gradual de competición social contra el que deben desplegar todo el arsenal de recursos económicos y culturales de los que puedan disponer si quieren mantenerse por encima de la brecha de demarcación que separa a aquellos que consiguen subsistir entre los privilegiados, de los que son desplazados hacia las semiperiferias y  periferias sociales.

Aunque menos frecuentes, algunos estudios también nos permiten conocer el día a día de los mecanismos a través de los que la desigualdad social logra reproducirse intergeneracionalmente. De estos mecanismos, entre los más analizados encontramos la propiedad y la riqueza, entre los directos, y la educación entre los indirectos. Gracias a la tesis meritocrática, surgida en la década de los 70 del siglo XX, las democracias liberales han inferido una relativa independencia de este último respecto de los dos anteriores, sin embargo, debido a que los bienes credenciales basados en los títulos de educación superior que dan acceso a las mejores posiciones en la estructura ocupacional resultan altamente costosos en tiempo y dinero, dichas tesis se hallan, desde su aparición, abiertamente cuestionadas.

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Sindicalismo feminista: los cuidados también se pelean (Reseña del libro “No eran trabajadoras, solo mujeres”)

Autor: Jon Las Heras Cuenca

Manu Robles-Arangiz Fundazioa

Una huelga puede propiciar momentos de catarsis, incluso de libertad. La huelga es un proceso vital y social a través del cual las personas, como trabajadoras, toman conciencia de su posición contrapuesta al capital. La huelga es un momento de desacuerdo y, por lo tanto, de ruptura. También es un acto creativo, de regeneración, porque las personas ven más allá de sus problemas individuales y expresan una posición común como trabajadoras. Así, el trabajo asalariado deja de ser emancipador y las trabajadoras, ahora no tan sumisas, quieren dejar constancia de su malestar. Se arriesgan y confrontan para vivir diferente. Establecen y refuerzan los lazos de solidaridad para mejorar sus condiciones de vida, y también para reapropiarse de una dignidad y respeto negadas. ¿Por qué, si no, iban a “invertir” las trabajadoras tantos esfuerzos en detener el proceso productivo? ¿Por qué, si no, iban a gritar tanto las trabajadoras de las residencias de Bizkaia resistir, persistir, insistir, pero nunca desistir por las calles del centro de Bilbao cuando sus superiores las observan amenazantes? ¡Qué ironía! ¿Verdad?

La explotación laboral y patriarcal no tienen límite ya que pueden ser demasiado sutiles, estar encubiertas bajo el dogma del “sentido común” y ser presentadas como relación natural, casi ancestral, o incluso como algo necesario para asegurar la competitividad de las empresas, el desarrollo personal y social o, peor aún, para contribuir con el crecimiento económico del país. ¿Y quién es ese país del que tanto hablan si nunca preguntan a la gran mayoría por su situación personal excepto en clave electoral? O, es que, acaso: ¿no somos nada más que ciudadanos que tenemos que pagar impuestos y votar por el partido que asegure más la confianza de los mercados?

El conflicto es más cruel todavía cuando mitad de la población está siendo infravalorada por el mero hecho de ser mujer y exigírsele una forma de comportamiento determinada; cuando las mujeres son tratadas como meros apéndices del hombre, y deben estar subordinadas a él, el único que brinda protección económica y moral, aquellos atributos que ellas no son capaces de asegurarse por sí mismas. Esta actitud tampoco deja de esconder un buen grado de cinismo porque, cuando el trabajo predominantemente realizado por mujeres es pesado y farragoso, como el de cuidados en las residencias de mayores o personas con algún tipo de discapacidad, la fuerza, resistencia y paciencia necesarias para tratar bien a esas personas no son reconocidas en absoluto. Por suerte, siempre hay personas que son críticas frente a ese discurso economicista y patriarcal, y son capaces de dar un paso adelante, valientes, sacando las innumerables injusticias a la luz, denunciando la pobreza de nuestras relaciones, y exigiendo cambiarlas. No eran trabajadoras, solo mujeres, es el libro con el que Onintza Irureta Azkune recoge una de las últimas huelgas que han conmovido la sociedad vasca, la de residencias de Bizkaia 2016-2017. Una huelga por la mejora de un convenio colectivo que duró 378 días, se dice pronto. La historia, hago un spoiler, tiene un final feliz, aunque este sea siempre incompleto y provisional.

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Gastar más para ingresar más: la salvaguarda del Estado del Bienestar en el pacto de Gobierno

Autor: Eduardo Garzón Espinosa

Público.es

En los últimos días se han escuchado algunas voces alertando de que el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos incluye muchas medidas políticas que aumentan el gasto y muy pocas que aumentan los ingresos, de forma que su materialización empeoraría las cuentas públicas. Un corolario que se deriva de la anterior reflexión (y repetida incluso por personas de izquierdas) es que el Estado debería aumentar sus ingresos públicos para poder cuadrar sus cuentas y permitirse mayores niveles de gasto público, al igual que ocurriría en otros países vecinos donde el Estado del Bienestar es muy superior porque -en teoría- ingresarían más. Pues bien, aunque estos razonamientos puedan parecer intuitivos, en realidad son contrarios a la evidencia empírica y carecen de solidez científica.

Desgraciadamente en el imaginario colectivo sigue imperando la –absolutamente–falsa idea de que las cuentas del Estado funcionan como las de una familia o empresa, (y esto a pesar de que hace ya casi un siglo muchos economistas como Kalecki y Keynes refutaron dicha creencia con contundente solvencia). Existen dos factores fundamentales que explican que las cuentas públicas tengan una naturaleza radicalmente diferente a las privadas. El primero es que las decisiones de una empresa o familia no afectan significativamente al resto de la economía, mientras que las de un Estado sí lo hacen. Cuando una unidad familiar deja de gastar, logrará mejorar su situación financiera y todo ello sin perjudicar a la economía. En cambio, cuando un Estado deja de gastar, las familias y empresas que eran beneficiarias de dicho gasto verán sus ingresos disminuir. El segundo factor tiene que ver con que el dinero que se utiliza en nuestras economías avanzadas está expresado en una unidad de cuenta creada por el propio Estado. Esto hace que el dinero sea un monopolio del sector público: todo el dinero que tienen las familias y las empresas ha sido creado y regulado por las autoridades públicas. Si estas no crean dinero, el sector privado no puede tenerlo en sus bolsillos. Es así de sencillo y de irrefutable aunque a muchos les chirríe dicha apreciación.

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Diploma Análisis crítico de la economía capitalista. Curso 2019/20

Autor: Xabier Arrizabalo Montoro

A partir del próximo 6 de febrero y hasta el 25 de junio tendrá lugar la décima edición del Diploma de Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid, titulado Análisis crítico de la economía capitalista (El método marxista y su aplicación al estudio de la economía capitalista mundial).

¡Ya está abierta la matriculación!

Tras la muy positiva experiencia de las nueve ediciones anteriores, es una gran responsabilidad para nosotros, pero también un gusto, poner en marcha esta décima edición de “el curso que comienza donde otros acaban”.

Más información en:

Posible agenda política para una digitalización progresista

Autor: Segundo Gonzalez

La Paradoja de Kaldor

La recuperación económica de los últimos años no ha servido para alcanzar los niveles de empleo previos a la crisis y el empleo creado es intensivo en sectores de bajo valor añadido. Estos empleos se caracterizan por bajos salarios, alta temporalidad y baja productividad, siendo muy sensibles al ciclo económico y pudiendo desaparecer con una mayor velocidad con la que se crearon si la actual desaceleración económica derivase en recesión. Por este motivo, en paralelo al impulso de la estabilidad laboral, uno de los principales retos que tiene por delante el nuevo Gobierno fruto del pacto entre el PSOE y Unidas Podemos es la modernización del tejido productivo para reorientar la actividad económica hacia sectores de mayor valor añadido.

Existe bastante consenso en que los sectores sobre los que debería pivotar esta modernización productiva de España son la transición ecológica y la digitalización, sectores cuyo desarrollo puede tener gran impacto para relanzar la economía desde una base más sólida. Así mismo, existe una visión bastante compartida en el ámbito progresista de que su impulso en nuestro país tiene que pasar necesariamente por un mayor protagonismo público bajo la lógica del Estado emprendedor.

Este planteamiento consiste en impulsar el papel del sector público como actor industrial capaz de realizar inversiones y tomar medidas proactivas para dinamizar sectores emergentes, orientando la actividad y la inversión privada hacia ellos. Esto supone un giro importante en una política industrial que lleva desde los años 80 anclada en una pasividad catastrófica y requerirá, con seguridad, de un aumento de la inversión pública en el marco de una política fiscal expansiva. Algo que por otra parte es imprescindible para frenar la desaceleración económica en un contexto de agotamiento de la política monetaria.

Las fuerzas políticas de izquierda han desgranado al detalle sus propuestas sobre cómo abordar la transición ecológica a través de propuestas programáticas, proposiciones de Ley o el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima presentado por el Gobierno a principio de año.  Sin embargo, apenas se ha esbozado cómo se debería poner en marcha una agenda de digitalización ambiciosa desde una perspectiva progresista.

El reto a nivel europeo es enorme. Siete de las diez principales empresas del mundo por capitalización son tecnológicas y ninguna de las diez principales compañías tecnológicas a nivel global es europea. Los datos son la materia prima de la economía digital, y actualmente el 90% de los que se generan en los países occidentales está en manos de empresas estadounidenses. Una estrategia digital ambiciosa planteada desde una óptica progresista tiene que tener como objetivo correr para no perder este tren, pero partiendo de un diagnóstico realista sobre en un sector económico tendiente a la concentración que privilegia enormemente a los primeros en llegar y teniendo en cuenta que las tecnologías sobre las que se asienta la economía digital, incluyendo el propio Internet, se desarrollaron en Estados Unidos con inversión y apoyo público. Esta visión contrasta con un ingenuidad del planteamiento neoliberal, que confía el futuro a que los unicornios -startups valoradas en más de 1.000 millones de dólares- salgan cualquier día de un garaje y en la competencia fiscal para atraer las migas que dejan en Europa los gigantes digitales. Este planteamiento, hasta ahora ha servido fundamentalmente para generar agujeros tributarios en la fiscalidad europea, pero ha fracasado a la hora de consolidar un ecosistema digital competitivo. Partiendo de este diagnóstico, el enfoque de la digitalización progresista debería poder conseguir los beneficios de la digitalización reviertan en el conjunto de la sociedad, limitando para ello el poder de los monopolios, garantizando los derechos de los ciudadanía en el mundo digital y evitando que nadie se quede atrás en el proceso.

En España partimos de una posición relativa respecto a los países europeos que no es del todo negativa, pero que tiene mucho margen de mejora. España ocupa el puesto número 11 de 28 en el Digital Economy and Society Index (DESI) elaborado por la Comisión Europea, 4 puntos por encima de la media europea. Sin embargo, los resultados son desiguales según el área del que se trate. Destacamos en servicios públicos digitales y conectividad, pero estamos por debajo de la media en capital humano y en uso de servicios de internet, con un éxito desigual en la integración de la tecnología digital en el tejido económico.

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Fuente: Comisión Europea (2019): Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI)

La secretaría de Estado para el Avance Digital constituida en mayo de este año dentro del Ministerio de Economía tiene pendiente presentar su estrategia “España, Nación Emprendedora”, pero ya ha anticipado algunas líneas de trabajo que, aunque interesantes, necesitan ser desarrollados de forma ambiciosa para que tengan el alcance necesario. España puede ser pionera en el nuevo enfoque de la digitalización. Para ello debería plantear medidas audaces en al menos tres ámbitos clave: La digitalización de la economía, la gobernanza de la digitalización y la administración digital.

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NÚMERO 28 DE LA REVISTA DE ECONOMÍA CRÍTICA (2º SEMESTRE 2019): Premios Nobel, Monográfico “Repensar la Empresa”, Lourdes Benería y mucho más

Autor: REVISTA ECONOMIA CRITICA

ISSN edición papel: 1696-0866
ISSN edición digital: 2013-5254

EJEMPLAR COMPLETO
ÍNDICE

Tuesday, 24 December 2019
  • SOBRE LOS PREMIOS “NOBEL” DE ECONOMÍA 2019
  • Sobre los Nobel de Economía en 2019: Banerjee y Duflo. | artículo
    Carlos Berzosa

  • ARTÍCULOS | ARTICLES
  • Galbraith: el economista con un objetivo público. | Galbraith: the economist with a public purpose. | abstract | artículo
    Antonio Nogueira

  • Omertà, vendetta y buen desempeño económico de las organizaciones criminales. | Omertà, vendetta and good economic performance of the criminal organizations. | abstract | artículo
    José M. March Poquet

  • REPENSAR LA EMPRESA | RETHINKING THE ENTERPRISE
  • Introducción. Repensar la empresa: un desafío político. | Introduction. Rethinking the firm: a political challenge. | artículo
    José Miguel Hernández

  • Las empresas transnacionales y la arquitectura jurídica de la impunidad: responsabildad social corporativa, lex mercatoria y derechos humanos. | Transnational corporations and the legal architecture of impunity: corporate social responsibility, lex mercatoria and human rights. | abstract | artículo
    Juan Hernández Zubizarreta, Erika González, Pedro Ramiro

  • De la empresa accionarial a la empresa participativa. | From the shareholder firm to the participative firm | abstract | artículo
    José Ángel Moreno Izquierdo

  • Empresa y ecologismo: repensar la empresa en tanto que escenario destacado de la (in)sostenibilidad de las relaciones socioambientales. | Enterprise and environmentalism: rethinking the company as relevant scenario of the (in)sustainability of socio-environmental relations. | abstract | artículo
    José Luis Haro García

  • Propuestas inspiradoras para repensar lo económico y la empresa a la luz de la crisis ecosocial. | Inspiring proposals to rethink economics and business from the perspective of the eco-social crisis. | abstract | artículo
    Gaël Carrero Gros, Amparo Merino de Diego

  • CLÁSICOS U OLVIDADOS | CLASSIC OR FORGOTTEN AUTHORS
  • Lourdes Benería y la economía feminista: a los 40 años de Reproduction, production and the sexual division of labour | artículo
    Paloma de Villota

  • Reproducción, producción y división sexual del trabajo. | Reproduction, production and the sexual division of labour. | artículo
    Lourdes Benería

  • RESEÑAS DE LIBROS | BOOK REVIEWS
  • Slobodian, Quinn. Globalists. The end of empire and the birth of neoliberalism, 2018. | artículo
    Pablo Álvarez Aragón

  • Beltrán Roca y Eva Bermúdez Figueroa (Eds.). Historias silenciadas. las mujeres en el movimiento sindical desde 1960, 2018. | artículo
    Iratxe Perea Ozerin

  • Murillo Arroyo, Francisco Javier. El milagro económico español. Dinámica salarial e impacto sobre la estructura de propiedad, 2019. | artículo
    Mario del Rosal

  • Muñoz De Bustillo, Rafael. Mitos y realidades del estado de bienestar, 2019. | artículo
    Carlos Ochando Claramunt

  • Ruiz Sanjuán, César. Historia y sistema en Marx. Hacia una teoría crítica del capitalismo, 2019. | artículo
    Hugo Furones Gabaldón

La farsa y el fracaso de la estabilidad presupuestaria

Autor: Marta Luengo

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Llevan tiempo gobernándonos y cualquiera podría recitarlos como quien tararea una canción conocida. Toda Europa comparte los temas centrales del Pacto de Estabilidad: déficit por debajo del 3% del PIB y deuda por debajo del 60% del PIB. En España, a partir del año que viene, estos límites adquirirán la naturaleza más alta que pueden tener en nuestro ordenamiento jurídico, la de principio constitucional, tras la vergonzosa reforma de 2011, y la de estar desarrollados por una férrea ley orgánica: la ley de estabilidad presupuestaria de 2012.

Cabe preguntarse qué va a significar la aplicación plena de estos límites que tan rígidamente condicionan ya toda política económica. A tal fin, es interesante repasar la gravedad con que el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad prohíben sobrepasarlos y proponen duras medidas de ajuste que, por cierto, pueden acabar en la aplicación del también famoso artículo 155.

Hasta ahora, el reiterado incumplimiento de los umbrales por los presupuestos de Montoro (los únicos que ha habido desde la publicación de estas normas) no ha tenido grandes repercusiones. Una vez entren en vigor con su nueva y prístina naturaleza, su incumplimiento podrá impugnarse en el Tribunal Constitucional y, probablemente, el temor a la aplicación de este recurso y a la declaración de inconstitucional de la ley de presupuestos conllevará la sumisión completa de los mismos.

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Cosas de comunistas

Autor: Carlos Sanchez Mato

eldiario.es

El pasado 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra por 55 millones de euros del edificio que alberga el servicio municipal de informática. Aunque los informes municipales atribuyen al inmueble un valor 10 millones inferior y por tanto la operación se habría formalizado un 22% por encima de este importe, el equipo de Gobierno actual considera que, si hubiera tenido que trasladar a todo el personal a otro lugar y hacer obras de reforma y adecuación en una nueva ubicación, el coste total de la operación sería superior a los 55 millones de euros del importe de la oferta de adquisición preferente hecha por la propietaria actual del edificio. La justificación que la Junta de Gobierno ha utilizado para realizar la adquisición es que supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de más de 25 millones en los próximos 20 años y una rentabilidad media del 8,3 %.

Los datos que han anunciado, más allá del análisis detallado de la documentación asociada a esta operación, parecen señalar que Partido Popular y Ciudadanos han hecho una operación buena para los intereses de madrileñas y madrileños. Ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler es algo positivo y rentable económicamente para la ciudad.

Pero no puede ser.

No tiene lógica alguna que el Partido Popular y Ciudadanos consideren que esta es “una gran operación para Madrid” porque hace tres años, solamente tres años, organizaron toda una cacería política con apoyo mediático para denunciar algo que seguramente lectoras y lectores recordaréis.

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La responsabilidad española y europea en América Latina

Autor: Jose Luis Carretero Miramar

Revista Crisis

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un reciente discurso en la Universidad de Louisville, en el que abordó la situación en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, dijo que apoyará a los gobiernos latinoamericanos en su labor represiva contra las protestas sociales, acusando, además, a Cuba y Venezuela de orquestar y dirigir los estallidos populares. Este hecho no resulta nada sorprendente: la política exterior de Estados Unidos tiene como objetivo primordial mantener el control sobre lo que la ya centenaria Doctrina Monroe calificó como su patrio trasero. Tal política no va a detenerse ante conceptos tan poéticos como la concepción internacional de los DD. HH. Este es un hecho ampliamente reconocido desde la implementación, en el siglo pasado, de la Operación Cóndor para aniquilar toda resistencia popular al despojo imperialista sobre América Latina.

Lo que puede ser no tan conocido es el papel que están jugando hoy en día, respecto a la emergencia de una nueva oleada autoritaria en América Latina, gobiernos que se consideran paradigmas globales de la democracia al estilo occidental y que, además, presumen de haber tenido históricamente algún tipo de influencia “civilizadora” sobre la Patria Grande. Me estoy refiriendo, concretamente, para mi propia desazón, al gobierno de mi país: España.

Los intereses económicos españoles -si es que las grandes transnacionales, con sus consejos de administración controlados por fondos globales de inencontrable origen, tienen nacionalidad alguna realmente- son muchos y variados. Detengámonos en dos países en concreto: Chile y Ecuador.

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Poder, desigualdad y democracia económica

Autor: Ricardo Molero Simarro

Espacio Público

Una de las cuestiones habitualmente omitidas del análisis económico es la de las relaciones de poder. Muchos de los fenómenos más relevantes que ocurren en nuestra economía son imposibles de entender dentro del marco de la competencia perfecta en el que muchos economistas tienden a razonar. Esos fenómenos cubren muy distintas dimensiones. En primer lugar, la extensión del poder de mercado: oligopolización de múltiples sectores productivos (como la economía digital, controlada por parte de unas pocas grandes empresas tecnológicas); o desarrollo de relaciones monopsónicas en los mercados de trabajo. En segundo lugar, la puesta de las políticas públicas al servicio de los intereses privados: rescates bancarios e intervenciones (creación de nuevos tipos de sociedades de inversión o de bancos malos) para evitar la caída de los precios de la vivienda; privatización de las ganancias de nuevos productos (como los farmacéuticos) desarrollados después de años de investigación científica financiada públicamente; o subordinación de la política fiscal a las exigencias de los mercados financieros. Y, en último lugar, la cooptación directa de las instituciones públicas por parte de los poderes económicos: puertas giratorias de quienes ocupan el poder ejecutivo a distintos niveles; influencia directa de los lobbies sobre el proceso legislativo; o funcionamiento de los tribunales de arbitraje privados para dirimir las denuncias de las empresas transnacionales a estados soberanos.

No obstante, si hay una dimensión del análisis en la que la omisión de las relaciones de poder resulta especialmente grave esa es la de la desigualdad. En la economía ortodoxa la distribución de la renta se explica según las productividades marginales del trabajo y el capital, es decir, de la contribución que esos factores aparentemente realizan al proceso productivo. Sin embargo, esta explicación es pura tautología: esas productividades no se pueden calcular sin conocer antes cuáles han sido de facto las participaciones de los salarios y los beneficios en la renta nacional. Lo que trabajo y capital aportan al PIB se mide según lo que se han llevado de él y los ingresos que han obtenido se justifican porque se corresponden con lo que supuestamente han contribuido a la producción. Este razonamiento circular se ha convertido en el principal recurso retórico utilizado para hacer apología de la desigualdad (el mercado retribuye a cada quien según el pretendido valor que ha creado) y para esconder la relevancia que las políticas económicas (la devaluación salarial), la regulación del conflicto social (el debilitamiento de la negociación colectiva) y el reparto mismo del poder económico (el control sobre el aparato productivo) tienen sobre la distribución de los ingresos. En realidad, la tendencia a la concentración de la propiedad y el incremento de las rentas del capital son uno de los factores más importantes para dar cuenta del empeoramiento reciente del patrón distributivo, tal y como están empezando a constatar numerosas investigaciones.

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Sobre agroecología y extrema derecha en el mundo rual

Autor: Angel Calle Collado

Soberanía Alimentaría, Diodiversidad y Culturas

Cuando me preguntan sobre cómo son de tensas las relaciones entre agroecología y extrema derecha en el mundo rural, se me viene a la cabeza un ejemplo que resume una (aparente) paradoja. Un formador en temas de agricultura ecológica llevó adelante un pequeño parque agrario en zonas manchegas. Estando de visita, me contó que eran los sectores tradicionales del pueblo los que más se habían interesado por la iniciativa. De hecho, lo que vendría a ser el «alumno aventajado» era integrante de un partido de reminiscencias falangistas. La redefinición de una tradición y de actividades propias de un lugar han sido elementos con los que históricamente ha coqueteado la extrema derecha. Una extrema derecha que viene reformando su rostro y una pequeña parte de su andamiaje en los últimos años. Aunque pueda parecer contradictorio a primera vista, existirán elementos tradicionalistas que se muestren críticos con la irrupción de Vox, pues según ellos se arropa con banderas y crucifijos puntiagudos (lo cual les parece bien), pero no quiere saber nada de un desafío de las élites económicas neoliberales (lo cual les parece un error).

La nueva extrema derecha que bajo el nombre de Vox toma fuerza en Murcia o Almería, así como el mundo conservador tan próximo a ella y que tantos negocios intensivos y exportadores ha puesto en pie en Lleida o Badajoz, habla de incremento de productividad, mejor inserción en la globalización de mercados y de apoyar la «marca España» o la marca local que corresponda, como resorte para favorecer la tajada de esa desigual e insostenible mundialización capitalista. Ni la deslocalización de empresas que tributan en este país, ni el escaso apoyo de la Unión Europea a sistemas agroalimentarios locales, ni la crítica de los oligopolios interiores de la gran distribución, ni el derecho a la alimentación saludable o a un trabajo digno aparecen en estas corrientes conservadoras, como no lo hacen en otros muchos partidos o plataformas agrarias. El planeta anda inquieto climáticamente; pero Juan Roig, de Mercadona, duerme tranquilo y también los propietarios de grandes empresas «españolas» que se asientan como intermediarias de las naranjas que nos vienen de Sudáfrica o los tomates de Marruecos.

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Cierre de Seminario Pensamiento Económico Crítico-Desigualdad. El Laboratorio de Economía Social de la Universidad de Zaragoza organiza el encuentro ENUIES sobre economía social, sostenibilidad y futuro

Autor: Nacho Cazcarro

Concluye la última sesión del Seminario de Pensamiento Económico Crítico sobre Desigualdad (Karl Polanyi, Elinor Ostrom y Amartya Sen) de 9:00 a 13:00 del día 13 de diciembre en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=50840
Se hace coincidir con el encuentro de Centros de Investigación y Cátedras de economía social, en el que se reúnen para hablar sobre valores sociales en economía y empresa
La jornada tendrá lugar los días 12 y 13 de diciembre en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

http://www.unizar.es/actualidad/vernoticia_ng.php?id=52030&idh=10165&pk_campaign=iunizar20191212&pk_source=iunizar-personalunizar

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Presentación libro. Historia de la agricultura española // 12 de diciembre // 19:30 horas // Espacio Abierto FUHEM

Autor: FUHEM ECOSOCIAL

FUHEM Ecosocial organiza la presentación del libro Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, 1900-2010 de Manuel González de Molina y otros, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El acto tendrá lugar el jueves 12 de diciembre de 2019, a las 19:30 horas, en Espacio Abierto FUHEM, Avenida de Portugal 79 (posterior), Madrid. Intervendrán: Manuel González de Molina, David Soto Fernández y José Manuel Naredo. Modera: Monica Di Donato.

Sobre este acto, del que adjuntamos invitación, ofrecemos más información en la web de FUHEM Ecosocial y en nuestros canales de redes sociales en Twitter y en Facebook, donde hemos creado un evento desde el que puedes confirmar tu asistencia (aunque no es necesario), e invitar a tus contactos: https://www.eventbrite.es/e/entradas-historia-de-la-agricultura-espanola-desde-la-perspectiva-biofisica-81705087115

Los efectos disruptivos del cambio tecnológico en el mercado de trabajo

Autor: Julian Lopez

La Paradoja de Kaldor

Pese a su notable importancia, la cuestión del cambio tecnológico y sus consecuencias sobre el mercado laboral apenas ocupa un tímido espacio en la opinión pública. Cuando se aborda, es a menudo desde el anecdotismo irrelevante o el sensacionalismo interesado, dando pie a interpretaciones que caen unas veces del lado del optimismo ingenuo y otras del fatalismo poco informado. Con honrosas excepciones, rara vez se intenta ofrecer una visión más o menos sistemática fuera del entorno especializado. En las líneas que siguen procuro obedecer a tal propósito, reservando el final para advertir acerca de algunos dilemas políticos que habremos de enfrentar.

Ha de comenzarse por algún punto y comienzo destacando una obviedad. Durante el segundo tercio del siglo XX y las dos primeras décadas del XXI hemos asistido a avances decisivos en computación, telecomunicaciones y robótica. Estas transformaciones no sólo han consistido en la introducción de nuevas tecnologías, cada vez con mayores funcionalidades, sino en una rebaja sustancial en el precio de las mismas que ha permitido que su accesibilidad y la extensión de su uso sea cada vez mayor. Pensemos que el primer modelo de ordenador personal de IBM costaba en torno a 4.000 dólares (en términos actuales) y estaba dotado de una capacidad de procesamiento muy inferior a la que hoy tiene cualquier equipo que cueste una quinta parte de ese precio.

Algo menos obvias resultan sus implicaciones. La más destacada y que recibe mayor acogida entre el público generalista es la vieja batalla del hombre contra la máquina. Con el cambio tecnológico, las máquinas o equipos programables ejecutan con menor coste y mayor eficiencia tareas o actividades que ya antes podían desempeñar. A su vez, operaciones hasta entonces sólo realizadas por humanos pueden ser ahora asignadas a dispositivos tecnológicos. La inminente amenaza de sustitución por el autómata es casi siempre planteada por quienes, casi a renglón seguido, sugieren la reconciliación de máquina y hombre por medio del surgimiento o crecimiento del número de puestos en profesiones y dedicaciones que, por el momento o en un futuro previsible, son asequibles a la habilidad humana pero incompatibles con el tipo de tareas ejecutables por una máquina.

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¿Hacia un nuevo Estado del bienestar dinamizador e inversor?: el nuevo riesgo social del cambio climático

Autor: Carlos Ochando

La Paradoja de Kaldor

Las propuestas de reforma del Estado del bienestar son casi tan antiguas como la existencia del propio Estado del bienestar. Casi desde su nacimiento, se viene hablando de la necesidad de aplicar reformas. Los argumentos son muy variados: la necesidad de sostenibilidad, la justicia y la equidad, el daño al crecimiento económico y la eficiencia, la adaptación a las nuevas necesidades y riesgos sociales, la falta de legitimidad y un largo etcétera que han servido para que el Estado del bienestar estuviera en el punto de mira de sus críticos. Este argumentario crítico ha alimentado reformas -más o menos profundas- del Estado del bienestar tal y como se empezó a construir después de la II Guerra Mundial.

Ahora bien, si bien el Estado del bienestar no se ha desmantelado -como proponía, desde finales de los años setenta, el pensamiento neoliberal y la Economía de la Oferta-, ni ha llegado a una crisis fiscal irresoluble como vaticinaban los autores marxistas, sí que, en los últimos años, está sufriendo una permanente reestructuración.

A las tradicionales argumentaciones teóricas, se suman los efectos de una larga crisis económica que comenzó en 2007-2008 y cuyas secuelas alcanzan hasta la actualidad. Este fenómeno no es novedoso. El debate sobre la necesidad de reformar el Estado del bienestar se acentúa en los periodos de crisis económica. Muchos analistas y expertos (tanto del mundo académico, político y mediático), cuando se produce una merma considerable de los recursos públicos disponibles -resultado de la propia crisis económica- cuestionan la viabilidad financiera, económica y política de los regímenes de protección social. Lo suelen hacer a partir de proyecciones demográficas y económicas con una alta probabilidad de error, ya que las variables utilizadas, sobre todo económicas, son altamente impredecibles y sujetas a una elevada incertidumbre.  La argumentación más extendida es que la crisis económica y la pirámide demográfica someten a cualquier Estado del bienestar a una presión financiera en forma de “tijera” (los ingresos públicos disminuyen mientras que los gastos públicos crecen). El resultado, desde esta perspectiva meramente contable, es la inviabilidad económica futura de los sistemas públicos sanitarios y de pensiones, pilares centrales del Estado del bienestar. Y es cierto que una crisis económica duradera y persistente, sí que puede reducir los recursos fiscales y sí que puede mermar a medio y largo plazo las bases de financiación de los gastos públicos sociales (al margen del cambio de las prioridades y preferencias políticas que puede ocasionar), pero este argumento nos parece extremadamente simple.

¿La supervivencia en el tiempo del Estado del bienestar significa que no son necesarias reformas? Evidentemente, la respuesta debería ser negativa. Como realidad institucional que es, requiere de cambios y reformas que lo adapten a las nuevas realidades sociales. Hacen falta reformas, pero no las que se han llevado a cabo que, únicamente, persiguen la moderación o reducción del gasto público social. La última crisis económica ha alimentado unas propuestas de reforma del Estado del bienestar cuyos objetivos finales han sido la reducción del gasto público, la deslegitimación de las políticas redistributivas, el recorte de los derechos sociales de ciudadanía, la reducción de la intensidad protectora y la disminución de la cobertura de las prestaciones sociales.

¿Y por qué creemos que hacen falta reformas? Primero porque el Estado del bienestar siempre ha sido una realidad institucional dinámica y cambiante. Y segundo, porque, en el momento actual, las transformaciones económicas y sociales se desarrollan a una velocidad de vértigo. En ese sentido, creemos que hay que adoptar reformas institucionales creativas e innovadoras que afronten los nuevos retos y desafíos de las nuevas realidades sociales y económicas. Estas recetas no pueden ser las que sirvieron en el pasado porque la realidad económica, política y social ha cambiado. Creemos que hay que hacer un esfuerzo de innovación social creativa que nos permita adaptar institucionalmente el Estado del bienestar a esta nueva realidad del siglo XXI. Pero esa revisión no debe pasar por su disminución, sino por todo lo contrario: por su universalización y profundización con fórmulas innovadoras, creativas y eficientes.

¿En qué puede estar basada esta nueva arquitectura del Estado del bienestar en el siglo XXI? Las nuevas acciones estratégicas del Estado del bienestar están justificadas por la aparición de los llamados “nuevos riesgos” y por una cierta incapacidad de la vieja arquitectura del Estado del bienestar tradicional en dar una respuesta eficaz e innovadora a los mismos. En este contexto de permanente reconfiguración del Estado del bienestar, algunos autores y analistas han repensado las líneas estratégicas de este “nuevo Estado del bienestar”. Su estructura institucional ha recibido diferentes denominaciones: “Estado de inversión social”, “Estado social activo”, “Estado social inversor”, “Tercera Vía” o, a veces y de manera simplificada, “Sociedad del bienestar”. Otros autores hablan de “Estado Dinamizador” con un nuevo “pilar de emancipación” (Mulas-Granados, C., 2010 : 60). En él se incluirían las respuestas a estas nuevas situaciones de vulnerabilidad y riesgos que el nuevo Estado del bienestar debería atender: familias monoparentales, la emancipación de los jóvenes, los problemas de integración laboral en la madurez (55 a 64 años), los parados de larga duración y en riesgo de exclusión, etc. En esta misma línea Aigenger y Leoni (2010 : 82) señalan tres piedras angulares de una estrategia de éxito: 1) flexibilidad gestionada y equilibrada; 2) prudencia fiscal más calidad del presupuesto y 3) inversión a futuro (investigación, educación, formación continua, tecnologías en TIC, biotecnología, etc.).

Este enfoque teórico conecta con la literatura económica y sociológica sobre la “pre-distribución” y de “la inversión social”.  Desde este marco teórico se defiende la necesidad de repensar la función social del Estado, rediseñándolo hacia un Estado del bienestar “preventivo”, “proactivo” que enfatice en la inversión en el capital humano y que haga frente a los “nuevos riesgos sociales” por medio de una mayor inversión social  (Zalakain y Barragué, 2017).

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De recesiones y monopolios (Cuaderno de augurios: 4)

Autor: Albert Recio Andreu

Mientras Tanto

1. La economía española ante la recesión

Nadie está seguro de que estalle otra crisis a corto plazo, pero existe un temor generalizado a que en los próximos meses decaiga la actividad económica. Desde el Gobierno ya han tratado de tranquilizarnos: “Estamos mucho mejor que en 2008, la economía ahora es más sólida”. Nada sorprendente; los gobiernos siempre tratan de vender optimismo y tranquilidad. Hay en ello bastante de propaganda y, también, de voluntad de evitar que la propagación del pánico agrave los problemas.

He participado en el III Congreso de Economía y Trabajo de CCOO, un encuentro bianual bastante interesante con intervenciones sobre economía, negociación colectiva y sociedad (se pueden encontrar las ponencias en la web de la Fundación Primero de Mayo, www.1mayo.ccoo.es). En la apertura el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el curso de una brillante intervención sobre la situación laboral del país, introdujo el mismo tipo de reflexión: ahora tenemos una economía más sólida. Entonces mi memoria retrocedió en el tiempo y volví a situarme en 2008 —parece que la historia se repite—, cuando el Gobierno Zapatero se negaba a reconocer la crisis (y alardeaba de que la banca española ya había llevado a cabo las reformas necesarias para evitar un desastre financiero) y en alguna de las jornadas de sindicalistas en las que participé varios líderes sindicales argumentaban que la existencia de acuerdos y compromisos con los empresarios y las administraciones permitía abordar la crisis sin altos costes sociales. Por esto me asaltaron los recelos. Ante esta situación, lo básico es analizar los datos y ver en qué se sustentan los buenos augurios.

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¿Estamos a las puertas de una nueva recesión?

Autor: Gabriel Flores

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las últimas semanas han sido muchos los artículos y declaraciones que dan por hecha una nueva y próxima recesión económica global. Han abundado esos malos augurios en una campaña electoral particularmente tóxica, que facilitó la utilización de todos los argumentos a mano, más o menos razonables o fantasiosos, y demasiadas mentiras para conseguir votos.

El miedo a una nueva crisis económica podía convertirse en un excelente factor de movilización electoral. Y por eso hemos asistido a una utilización política de ese nuevo fantasma de la recesión, sin que los partidos en liza hicieran el mínimo esfuerzo por aportar alguna luz al necesario debate sobre su probabilidad. El presagio de la nueva recesión se ha utilizado de múltiples formas, para denunciar el veto del poder económico a un gobierno socialista que incluyera algunos ministros de UP; para explicar la persistencia del independentismo catalán en la vía unilateralista con objeto de escapar de la depresión económica en la que puede instalarse España, o para justificar que Sánchez no mantuviera la oferta de gobierno de coalición con UP. Puro fuego de artificio justificativo que ahorra la molestia de pensar, precisar y argumentar los análisis. Más aún tras conocer el preacuerdo de coalición recién firmado por Iglesias y Sánchez que desmonta de un manotazo todas esas creencias.

También la mayoría de los economistas han contribuido a la confusión reinante, sin guardar las debidas distancias respecto a una recesión que, siendo posible, dista mucho de ser una realidad ineludible en un futuro próximo y predecible. De hecho, varios economistas ya han anunciado en distintas ocasiones en los últimos cinco años, es decir, en plena recuperación del crecimiento económico, la próxima recesión. Aclaremos las cosas, el conocimiento económico nada tiene que ver con la adivinación de crisis o recesiones. Si fuera por eso, habría que tirarlo a la basura. Un solo dato, pero muy contundente: durante la Gran Recesión (en los años 2008 y 2009) ninguna de las 62 recesiones que se produjeron en el mundo había sido prevista en septiembre del año anterior por economistas o empresas dedicados profesionalmente a la prospección económica (Ahir y Loungani, 2014). ¡Ninguna!

Estamos seguros de que habrá una nueva recesión del mismo modo que sabemos que todos los seres humanos tienen como destino inevitable la muerte, pero los datos disponibles no nos autorizan a decir que la próxima recesión está a la vuelta de la esquina.

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La fusión de PSA-FCA y su impacto en las condiciones laborales

Autor: Mariu Ruiz-Galvez Juzgado y Dario Claver Segui

El Salto (Economía para Todas)

En los últimos días se ha confirmado la fusión entre dos grandes grupos automovilísticos: el Grupo PSA y FCA. No resulta algo sorprendente a tenor de la trayectoria reciente de PSA, que adquirió Opel en 2017. En los años noventa fue Fiat quien planteó una fusión a PSA, pero fue rechazada. Ambos grupos han venido colaborando estrechamente durante las últimas décadas, por ejemplo, a través de varias empresas conjuntas localizadas en Italia, Francia y Turquía.

Tanto PSA como Fiat han venido trazando una estrategia empresarial que han conseguido desarrollar durante las últimas décadas. Por un lado, ambos grupos poseen una política de producto basada en el volumen y la diversidad. Dicho de otro modo, ambos fabricantes tratan de lanzar una amplia oferta de modelos para cubrir todos los segmentos de mercado posibles, al tiempo que esa mayor variedad de modelos, diferentes en apariencia, comparten un cada vez mayor porcentaje de componentes internos, principalmente de tipo electro-mecánico. Durante las dos últimas décadas ambos grupos han realizado un importante esfuerzo en desarrollar la política de producto basada en la estandarización de los módulos del automóvil y su adaptación combinable en la amplia gama de modelos de los fabricantes.

Por otro lado, desde la década de 1980 estas dos compañías automovilísticas han ido incorporando y adaptando paulatinamente técnicas de producción japonesas, basadas en el toyotismo, con el principal objetivo de reducir costes. En la actualidad esta reducción de costes se proyecta principalmente sobre la presión a las proveedoras bajo sistemas de producción justo a tiempo, o sobre las condiciones laborales en términos de incrementos de la flexibilidad en la gestión de la mano de obra, especialmente en cuanto a la variabilidad de la duración de las jornadas y de los calendarios laborales se refiere.

Igualmente, en su proyección exterior el esquema de internacionalización que presentan ambos grupos concentra buena parte de su producción y sus ventas en Europa, y ambos fabricantes han tratado de posicionarse en mercados emergentes en Asia (China e India) y Latinoamérica. Como novedad, con la fusión se le abre una oportunidad a PSA de penetrar en el mercado estadounidense con la presencia de Chrysler. Una vez trazada la panorámica de ambos fabricantes, cabe preguntarse cómo puede afectar la fusión al colectivo de trabajadores. A falta de conocer cómo se concreta y materializa la fusión en los próximos meses, y cómo se acoplan las diferentes trayectorias y estrategias empresariales sobre una dirección común, nos surgen algunos interrogantes que lxs trabajadorxs y los sindicatos deberían tener en cuenta.

Por un lado, con una fuerte concentración de las ventas en Europa cabe preguntarse sobre la posible “canibalización” del amplio abanico de modelos tras la fusión. A las marcas de PSA – Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall – se unen las múltiples marcas que se aglutinan sobre FCA – Fiat, Chrysler, Alfa Romeo, Iveco, Lancia, Maseratti, Ferrari, Jeep, Lancia y Dodge. Es una incógnita el hecho de cómo se van a complementar gran cantidad de modelos que en realidad cubren mismos segmentos de mercado, es decir, cubren las mismas preferencias de consumo. Esto ocurrirá especialmente con los vehículos de pasajeros de gamas media y media-baja, donde la oferta del conjunto de marcas como resultado de la fusión va a ser muy elevada. Hasta ahora, el Fiat 500 es uno de los vehículos de gama baja más vendidos en Europa – un 2,3% de cuota de mercado en 2017 –, por detrás del Volkswagen Golf, pero la oferta de modelos para ese mismo segmento de marcas como Citroën y Opel también es considerable. En el caso de España, el patrón de especialización en la producción de vehículos de las plantas de PSA en Vigo, Figueruelas y Villaverde está situado en aquellos de bajo y medio-bajo valor añadido.

Por otro lado, pese a que las plantas ensambladoras puedan optar ahora a la adjudicación de una mayor variedad de modelos, si no se consiguen extraer las rentabilidades esperadas por modelo es posible ver cambios hacia una reducción del número de modelos por segmento, lo que obligaría a suprimir la comercialización de aquellos que compitan por un segmento de demanda similar. Dicho de otro modo, si bien hay una mayor variedad de modelos a los que optar, la competencia entre plantas del propio grupo por la adjudicación de los mismos también se incrementa. Buena parte de las plantas de Fiat están localizadas en Italia, y también dispone de ellas en Polonia, Turquía y Serbia, donde los costes laborales son notablemente inferiores a los de Europa occidental. Como sabemos, la competencia que se desata entre plantas de un mismo grupo cuando la matriz decide lanzar un nuevo modelo al mercado es muy elevada, y la presión hacia el ajuste durante las diferentes rondas de negociación colectiva en las condiciones laborales – salarios, flexibilidad, intensidad del trabajo, etc. – en este contexto de competencia no es menor.

Resulta paradigmático el caso de la adjudicación del proyecto K9 a la factoría de Vigo, un proceso de negociación presidido por la enorme presión que desde el Grupo y la Dirección de la planta de Vigo se ejerció sobre el colectivo de trabajadores, con el objetivo de empeorar las condiciones laborales ante la amenaza que suponía la competencia a la baja de otra planta del Grupo PSA localizada en Trnava (Eslovaquia). Tras un largo proceso de negociación, no exento de conflictividad, se aprobaron diversos programas de ajuste – articulados a través del convenio colectivo y planes de competitividad negociados ad hoc – con el beneplácito fundamental del sindicato que desde hace décadas detenta la mayoría absoluta en la fábrica: el Sindicato Independiente de Trabajadores. También es ilustrativo el ajuste en las condiciones laborales que se ha acometido en la planta de PSA en Figueruelas, principalmente en términos de ajuste salarial e incrementos en la intensidad y los turnos de trabajo, tras la compra de Opel por parte de PSA y su inserción a la dinámica y a la estrategia del Grupo francés bajo la presidencia de Tavares. Pese al rechazo del grueso de la plantilla, finalmente el ajuste se aprobó en 2018 con el apoyo de UGT y CCOO; ambos ostentaban más del 50% de representación en el comité de empresa.

Resulta necesario remarcar, además, que esta dinámica de ajuste no solo afecta a las plantillas de las plantas ensambladoras, sino a toda una comunidad cuya actividad productiva depende de lo que ocurra en dichas factorías. Por tanto, pese a las incertidumbres que arroja el futuro del Grupo tras la fusión, toca estar alerta.

Desde el ámbito de la acción sindical es crucial como herramienta de fortalecimiento la coordinación entre secciones sindicales de las distintas plantas del Grupo. En este sentido, sindicatos como CGT y CUT han mantenido varias reuniones desde comienzos de 2019 para poner en común el diagnóstico de las problemáticas que sufren lxs trabajadorxs en las tres plantas de PSA en España y trazar una estrategia de acción sindical conjunta y coordinada.

Igualmente, disponer de información económico-financiera y de la situación de las distintas plantas del grupo a nivel internacional es otro elemento crucial para encarar la negociación colectiva. En el ejemplo anteriormente citado del proceso de negociación colectiva en PSA Vigo para la adjudicación del proyecto K9, la Dirección puso desde el primer momento en la mesa de negociación la alternativa que se estaba barajando desde el Grupo para adjudicar la producción, esto es, la planta de Trnava en Eslovaquia. Sin embargo, la planta de PSA en Eslovaquia no contaba con las infraestructuras tecnológicas e industriales suficientes y necesarias para poder asumir ese proyecto productivo. Los flujos de información y de coordinación, por tanto, no deben circunscribirse al ámbito sindical nacional solamente. La coordinación y el tejido de lazos y alianzas con los sindicatos situados en otras plantas del Grupo se revela como un elemento básico para poder hacer frente a la estrategia del Grupo PSA de descentralizar la negociación y generar escenarios de competencia entre el conjunto del colectivo de trabajadorxs.

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Mariu Ruiz es Doctorada en Economía y trabaja sindicalismo y economía del trabajo.

Darío Claver es economista y estudia aspectos múltiples de la economía política internacional.

Entrevista a Carlos Sánchez Mato y Eduardo Garzón: “El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía”

Autor: Carlos Sanchez Mato y Eduardo Garzón Espinosa

eldiario.es

El 13 de junio de 2015, la candidatura popular pilotada por Manuela Carmena llegaba al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y acababa con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Junto a Carmena, aterrizaban en la institución otros 19 concejales que provenían de diversos espacios profesionales, sociales y políticos. Esta mezcla personal e ideológica que representó Ahora Madrid fue recibida con hostilidad por la gran mayoría de los medios y por toda la derecha, al igual que ha ocurrido ahora con el pacto de gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Uno de esos concejales (y también uno de los más polémicos) fue Carlos Sánchez Mato. Dirigente estatal de Izquierda Unida y economista, a Sánchez Mato le tocó estar al frente de una de las áreas más complicadas y que más recelo generó, la Concejalía de Economía y Hacienda, desde donde se enfrentó al ministro Cristóbal Montoro que ejerció oposición a toda su gestión. En esa andadura que terminó el 18 de diciembre de 2017, cuando Carmena lo cesó de ese cargo, estuvo también Eduardo Garzón, uno de sus asesores.

Ambos acaban de publicar su libro ’919 días, ¡sí se podía! Cómo el Ayuntamiento de Madrid puso la economía al servicio de la gente’, un relato en el que Sánchez Mato y Garzón recorren su más de año y medio al frente del área económica de la ciudad que más presupuesto gestiona, desde la que sanearon unas cuentas arruinadas mientras aumentaban la inversión social. Desde la rebaja del IBI a las clases más desfavorecidas mientras tomaban atajos legales para subir este impuesto a las grandes superficies, hasta el enfrentamiento con Montoro y las presiones internas que terminaron con su salida, este libro es un relato de las dificultades pero también de los logros que ahora ambos autores quieren que sirvan de ejemplo para el primer ejecutivo estatal de coalición de la historia de la democracia.

En el libro hablan de las dificultades que se encontró el Gobierno de Ahora Madrid, tanto por el trato mediático que recibió como por el empleado por el Gobierno de Mariano Rajoy a cuenta de la regla de gasto. Este martes, PSOE y Unidas Podemos firmaron un pacto al que ahora se podrán sumar a otros partidos. ¿Creen que lo tendrán también difícil?

Carlos Sánchez Mato: Creo que se repiten cosas que tanto Eduardo como yo vivimos en nuestras propias carnes. En 2015, después del acceso al Gobierno de Ahora Madrid, prácticamente lo que se anunció fue el apocalipsis: nada iba a funcionar en la ciudad, la ciudad no iba a ser susceptible de ser mirada con interés por la inversión internacional, íbamos a arruinar las cuentas… Todas esas cosas fueron objeto de editoriales en los medios más importantes de este país. Y en el libro demostramos que no solamente era posible actuar de otra manera, sino que los resultados de nuestras políticas económicas son exitosos. Desgraciadamente, lo que no hubo posteriormente a la realización de nuestro programa de gobierno en materia económica fue desmentidos por parte de quienes habían anunciado la hecatombe.

Eduardo Garzón: De hecho es uno de los motivos por los que escribimos el libro: dar a conocer una experiencia que ha estado sometida a una presión bestial por parte de los medios económicos y los poderes fácticos más importantes, con la idea de aprender de los errores, de las limitaciones que uno tiene. Nosotros lo aclarábamos en la introducción, que la idea es que esto pueda servir para un momento en el que se vuelvan a presentar situaciones parecidas. Que un gobierno progresista con ganas de cambiar la sociedad llegue al gobierno y ser conocedores de las limitaciones que hay.

En función de ese aprendizaje, ¿qué consejos dan al nuevo gobierno de coalición?

CSM: Lo dijo Pablo Iglesias y lo confirmaba Alberto Garzón después: hay que combinar una forma muy concreta de actuación del Partido Socialista con nuestra audacia en el sentido más literal del término. No podemos conformarnos en el gobierno con la situación de extrema precariedad, de enorme desigualdad, de injusticia fiscal que existe en nuestro país. Lo sencillo sería simplemente aceptar el statu quo y no intentar buscar formas de ir más allá. Humildemente, nosotros demostramos en Madrid que mover esos márgenes requiere de un esfuerzo enorme, titánico, y que incluso puede salir mal.

¿Les aconsejan aguantar las presiones, por ejemplo?

CSM: Cuando hablamos de audacia, hablamos en este caso de la capacidad de vencer esas presiones. No hablamos de cruzar la calle con el semáforo rojo, hablamos de no dejarnos influir por las presiones absolutamente desmedidas que se producen. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses creados. Hay demasiada gente pensando y creyendo que el gobierno, también el de la nación, tiene que estar al servicio de sus intereses pequeñitos. Y claro, nosotros venimos a otra cosa.

¿Se arrepienten de haber mantenido el pulso con Montoro por la regla de gasto que propició su salida y les dejó fuera de una de las concejalías más importantes para seguir llevando a cabo políticas sociales?

CSM: Había que recortar 550 millones y hemos visto los resultados que ha tenido desde el punto de vista político. Cuando en el último año de mandato, que es cuando los gobiernos se ponen bonitos y terminan inaugurando el fruto del esfuerzo de la primera parte de la legislatura, tú lo que haces son recortes, lo que ocurre es que tu gente, tus votantes, la ciudadanía en general, no ven los frutos de tu acción. No era un capricho intentar seguir manteniendo nuestra senda presupuestaria: era la forma de culminar de manera adecuada un proyecto que había tenido la herramienta presupuestaria como algo fundamental. Hacer un recorte de 550 millones de euros ha tenido como resultado la abstención en los barrios de la periferia de Madrid, donde fue 20 puntos superior a los barrios en los que habitualmente gana la derecha. Eso es lo que impidió que no tuviera éxito una confluencia con un resultado mayoritario de la izquierda en la ciudad de Madrid.

El mejor combate contra la abstención es de verdad ser audaces en la realización de las políticas públicas y es un aprendizaje para el futuro. Pero no solamente para las elecciones locales, también para las autonómicas y para las generales. Hay una enorme oportunidad que se abre ahora con un posible gobierno de PSOE y Unidas Podemos a nivel del Estado que hay que aprovechar para que le mejore la vida a la gente, no para que le mejoren las grandes corporaciones del sector energético, que para eso ya tienen a otros partidos.

Este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que ejercerá de contrapeso a ese Gobierno. ¿Tiene mecanismos el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad para desestabilizarlo?

EG: Desestabilizar es una palabra demasiado fuerte. Pero está claro que oposición política van a hacer y los portavoces de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y también de la capital van a tener bastante eco. Esto es algo que nos esperábamos. Nosotros vivimos algo parecido dentro del Gobierno de Ahora Madrid, en el cual, por ser precisamente la capital del país tenía muchísimo eco y todo el mundo se enteraba incluso de alguna medida como el traje de los Reyes Magos cuando apenas tenía importancia. Entonces sí, seguramente habrá presión, era de esperar y no tiene por qué ser tampoco un drama.

¿Pero pueden usar las instituciones como hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar su acción de gobierno?

EG: Tenemos un sistema institucional que centraliza las competencias desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, medidas institucionales así a bote pronto es más difícil.

Señor Garzón, cuando se conoció el pacto de gobierno, publicó un tuit en el que aseguró que no le había gustado la parte de la estabilidad presupuestaria…

EG: Son simplemente dos palabras que aparecen en el documento y sobre las que apenas se puede inferir una de ellas, pero sí que revela una especie de obsesión que tiene en este caso la élite económica europea, que es la de que todos los estados y las administraciones públicas tengan que tener superávit público o equilibrio presupuestario, pase lo que pase. Y es simplemente una mención a que el futuro gobierno tenga en cuenta, que antes que lograr el saneamiento de las cuentas públicas está el bienestar de la gente y que uno no puede poner por encima precisamente un objetivo fiscal frente al objetivo de mejorar la vida de la gente.

¿Qué balance hacen del Gobierno de Carmena? ¿Qué creen que recordará la gente?

CSM: Para muchos quedarán polémicas como la del traje los Reyes Magos, pero creo que lo que se construyó desde el punto de vista de acción económica es suficientemente sólido como para merecer no solamente nuestro libro, sino la atención de la gente. Creo que demostramos de una manera muy clara que había otra forma de gestionar, con el marco hostil existente, las cuentas públicas en una ciudad tan grande como Madrid. Incrementando de una manera muy importante la inversión en infraestructuras y equipamientos y la inversión social. Los compañeros del PSOE en el Gobierno central lo podrán visualizar en la realidad que llevamos a cabo en Madrid, también pactando con ellos, porque este tipo de actuaciones fueron el resultado del diálogo con el Partido Socialista en esa etapa.

EG: Sirvió como potente argumento para enfrentar al típico mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía. Con nuestra participación, dentro de que no hicimos la revolución socialista ni mucho menos, y sabiendo que tuvimos una limitación importante, fuimos capaces de hacer algo que nunca la derecha había sido capaz de hacer: mejorar la inversión social y mejorar la calidad de vida de la gente, al mismo tiempo que se cuadraban las cuentas haciéndolo posible desde postulados de izquierda pensando en el bienestar de la gente y no en el de los negocios.

"El Gobierno de Ahora Madrid sirvió para enfrentar el mantra de que la izquierda no sabe gestionar la economía"

Al principio del libro hablan mucho de la deuda, de cómo la encontraron y de la gestión que se hizo sobre la misma. ¿No es un poco raro, desde un gobierno de izquierdas, presumir de la reducción de la deuda en una ciudad que tenía y tiene tantas necesidades?

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Codecisión y fondos de inversión de los asalariados: los casos de Alemania y Suecia

Autor: Mario del Rosal y Sara Lafuente

ctxt.es

“La democracia no puede detenerse a las puertas de las fábricas.”

Ernst Wigforss.1


Introducción

Desde los inicios de la revolución industrial, se han buscado soluciones concretas para responder a la contradicción estructural del capitalismo entre ideal democrático de igualdad y la concentración de poder y riqueza.  En mayor o menor medida, todos los países europeos reconocieron en el último siglo fórmulas de participación de los trabajadores en la economía y en la empresa de alcance y contenido variados, a través de derechos de participación en la gestión organizativa, en el capital como mecanismos de redistribución, derechos colectivos de información y consulta, concertación social, diálogo social tripartito, negociación colectiva, etc. Sin embargo, pese al establecimiento y práctica formal de estos y otros mecanismos democráticos, el capitalismo triunfante lacera gradualmente su contenido y calidad, conllevando una pérdida creciente en el contenido de las democracias existentes.

En la idea de ampliar hoy los límites de la democracia, teniendo en cuenta las limitadas ventanas de oportunidad que ofrece el contexto político y económico del capitalismo global imperante, cobra especial relevancia volver la mirada hacia los debates sobre la democracia económica y su puesta en práctica. La democracia económica, aun siendo un concepto complejo que admite distintas interpretaciones, nos habla de la posibilidad de que seamos los ciudadanos quienes tomemos las decisiones sobre las tres preguntas clásicas de la economía: qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Para ello, en el marco del capitalismo resulta irrenunciable, al menos, el logro de un mayor grado de participación de los trabajadores en la propiedad y en el gobierno de las empresas.

En este artículo presentamos brevemente dos fórmulas de participación gestadas en las socialdemocracias alemana y sueca: la participación en el gobierno empresarial a través de un sistema de codecisión (a menudo conocida como “cogestión”), y la participación en el capital empresarial a través de fondos colectivos de inversión de los asalariados. Estas dos propuestas no son excluyentes y podría coexistir desde un punto de vista teórico. Sin embargo, surgieron en contextos históricos, sociales, políticos y nacionales determinados. A continuación, explicamos el surgimiento de estos sistemas de participación como propuesta institucional, en qué consistían, y en qué devinieron. Podremos así evaluar el potencial y límites de estas propuestas como impulsoras de democracia económica y objetivos democráticos más exigentes en el marco de la economía capitalista global.

La participación financiera a través de fondos de inversión colectiva

Entre las estrategias reformistas favorables a los objetivos de la democracia económica tal y como la hemos definido se puede encontrar una que, a nuestro juicio, ofrece más posibilidades que otras alternativas2. Se trata de los fondos de inversión de los asalariados, un sistema de acumulación gradual de capital en varias empresas a través de instrumentos de inversión colectiva bajo la propiedad de los trabajadores y gestionados por sus sindicatos. A través de estos fondos de inversión, la clase trabajadora en su conjunto podría conseguir una participación creciente en la propiedad de las empresas, de modo que lograría un doble objetivo: la socialización paulatina del capital y una mayor influencia en su gestión. Esta estrategia, aun siendo reformista, asume un carácter de clase, lo que implica una visión del modo de producción capitalista próxima a las tesis más clásicas de la socialdemocracia y del sindicalismo.

Estos fondos pueden presentarse en distintas modalidades según diversos criterios: la forma de financiación, el sistema de titularidad, el destino de los rendimientos, los criterios de inversión, el modo de gestión, el ámbito de aplicación, los posibles límites de participación en la propiedad y los colectivos de trabajadores involucrados. En este texto, no vamos a analizar estas modalidades3, sino que vamos a centrarnos en el caso más paradigmático que se ha dado a lo largo de la historia: el de los fondos de inversión de los asalariados instaurados en Suecia en los años ochenta.

Este proyecto, conocido como Plan Meidner4 e inspirado en una idea originalmente alemana, se gestó en los años setenta en el seno de la poderosa Confederación de Sindicatos (LO). Su diseño original era francamente radical, sobre todo teniendo en cuenta el tradicional pragmatismo reformista que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia escandinava. En pocas palabras, obligaba a la mayoría de las empresas suecas a emitir cada año un número de acciones nuevas equivalente al 20% de sus beneficios a nombre de un fondo de inversión gestionado por un consejo de administración formado mayoritariamente por cuadros sindicales y, en menor medida, por representantes del gobierno y las empresas. Los réditos obtenidos por estos fondos serían usados exclusivamente para comprar nuevas acciones o para financiar programas de formación en gestión para los trabajadores. Dado que no se contemplaba ninguna forma de titularidad individual de los valores adquiridos ni su venta, el proyecto asumía un principio estricto de propiedad colectiva.

De haberse puesto en marcha, el Plan Meidner habría tenido un impacto dramático sobre la propiedad corporativa en el país. Según sus normas de funcionamiento, cuanto más rentable fuera una empresa, más rápidamente pasaría su propiedad a manos de los sindicatos por medio de un proceso de dilución de la propiedad anterior debido a las sucesivas ampliaciones de capital a favor del fondo5. Esto llevaría a un proceso de socialización democrática no estatal del capital sin parangón en ninguna otra economía capitalista desarrollada. La siguiente tabla muestra varios ejemplos relacionando el número de años que tardaría una empresa en pertenecer en más de un 50% a los fondos de inversión de los asalariados en función de la tasa de ganancia anual, suponiéndola constante.

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Próximas actividades públicas del Área Ecosocial: 21 y 27 de noviembre // Extractivismo y España vaciada

Autor: FUHEM ECOSOCIAL

El área Ecosocial de FUHEM dos nuevos actos:

Debate sobre Extractivismo, megaproyectos y violencia
Jueves, 21 de noviembre a las 18.30 horas en Espacio Abierto FUHEM (Avda. de Portugal, nº 79 (posterior) de Madrid).

Intervendrán las activistas: Mariana Solórzano, indígena zapoteca, del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y Josefa Sánchez, indígena zoque, investigadora de la UNAM.
Junto a ellas, habrá una fila cero formada por Jorge Riechmann, profesor de Filosofía Moral de la UAM; Alberto Matarán, profesor de Urbanística y Ordenación del Territorio, de la Universidad de Granada; y Adrián Almazán, Doctor en Filosofía y miembro del Grupo de Reflexión Autónomo La Torna.
Modera el debate Nuria del Viso, investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Charla coloquio: España vaciada: claves para la transición
Miércoles, 27 de noviembre a las 18.30 horas en la librería Los pequeños seres, Ribera de Curtidores 37, Madrid.

Con motivo de la publicación del número 147 de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, titulado Periferias. Nuevas geografías del malestar.
Intervendrán: Luis del Romero, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Valencia; Elisa Oteros, Investigadora en la cátedra de Agroecología y sistemas alimentarios de la Universidad de Vic; y José Luis Vivero Pol, especialista en Seguridad alimentaria en el Programa Mundial de Alimentos.
Modera la charla Monica Di Donato, investigadora del Área Ecosocial de FUHEM.

Sobre estos actos te ofrecemos más información en nuestra web y en nuestros canales de redes sociales en Twitter y Facebook, donde hemos creado sendos eventos desde los que puedes confirmar tu asistencia (aunque no es necesario), e invitar a tus contactos.

¿Hay mucho gasto “político” en España? Un repaso por el gasto público

Autor: Juan Ruiz

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

Entre las propuestas más radicales que tuvieron lugar durante la pasada campaña electoral encontramos la eliminación de las autonomías y volver a la recentralización del Estado. Una solución con la que, en palabras de quien la propone, nos ahorraríamos alrededor de 24.000 millones de euros de “gasto político” innecesario que se podría destinar a pensiones o a reforzar otros derechos de los ciudadanos.

Estos 24.000 millones son una cantidad nada desdeñable. Equivalen al rescate estratosférico de Bankia, o al coste del programa Artemis con el que la NASA se ha propuesto volver a pisar la luna en 2024. Por lo que si en España tiene lugar semejante despilfarro las estadísticas deberían arrojar algo de luz. Eurostat permite hacer una comparación con los países vecinos. Bajo la rúbrica “gasto en servicios públicos de interés general” se recoge lo que cada Estado en sus diferentes niveles (central, Lander, provincias, CCAA, municipios…) destina a:

  1. Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos.
  2. Servicios públicos generales. Gastos dedicados a planificar, coordinar e implementar las políticas de la Administración, que como los anteriores también contarían como gasto político.

El resto de las partidas no se corresponderían a lo que se puede describir como gasto político. Estas serían:

  1. Ayuda económica al exterior.
  2. Investigación básica.
  3. Investigación al desarrollo.
  4. Operaciones de deuda pública.
  5. Transferencias de carácter general entre distintos niveles de gobierno.

Los últimos datos disponible de 2017 muestran que, en el caso de España, la cuantía total de estas partidas es de 64.892 millones de euros. De los cuáles, el 48% corresponde a operaciones de deuda pública, principalmente pago de intereses. Añadiendo 3 partidas más alcanzamos el 99% del gasto. Estas son: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos (16.512 millones), 2) Servicios públicos generales (11.439 millones), y 3) investigación básica (5.074 millones). Como hemos dicho, son gasto burocrático-político las partidas: 1) Administración, funcionamiento y apoyo de los órganos ejecutivos y legislativos, y 2) Gastos en servicios públicos generales. La suma de ambas para todas las administraciones es de poco más de 16.000 millones de euros. Resulta obvio que no hay suficiente para recortar 24.000 millones de golpe. ¿Pero es mucho gasto respecto a los países europeos?

En el siguiente gráfico comparamos el gasto en servicios públicos de interés general sobre el PIB de cada país una vez descontando el pago de intereses de la deuda. España es el séptimo país por la cola justo por delante de Polonia y Rumanía 0,9 puntos por debajo de la media europea y 1,1 por debajo de la media de la eurozona.

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Jornadas #OtraEconomíaEstáEnMarcha 2019 (con becas para alumnado de fuera de Madrid) ¡Inscríbete y difunde!

Autor: ECONOMISTAS SIN FRONTERAS y Ricardo Molero Simarro

Economistas Sin Fronteras

El 16 de noviembre 2019, Economistas sin Fronteras junto a la UNED de Tudela,  organiza la sexta edición de las jornadas Otra Economía Está en Marcha, un espacio de encuentro, diálogo y debate entre personas que desde un enfoque crítico, apuestan por poner la economía al servicio de la sociedad y del planeta.

Este año la temática girará en torno a las formas alternativas de medir el desarrollo. Para ello contaremos con la presencia de José Manuel Naredo, economista y militante ecologista, que será quien abra las jornadas en la conferencia inaugural La taxonomía del Lucro.

Seguidamente tendrá lugar la presentación del Indice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) 2019, una herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un desarrollo humano sostenible, justo y equitativo y que tiene como objetivo el ofrecer una alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (PIB).

Contaremos también con 3 interesantes talleres "Más allá del PIB. Propuestas y experiencias sobre formas alternativas de medir".

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Economía ecológica y crítica de la economía política ante un capitalismo tanático

Autor: Daniel Albarracin

Viento Sur

Las razones para profundizar en un proyecto ecosocialista, internacionalista, solidario y feminista, radicalmente democrático, se afianzan. Tanto más cuanto una crisis civilizatoria se abre paso, fracturando gravemente las bases para una vida digna de ser vivida.

Posiblemente, el primer síntoma, ya en sí devastador para las condiciones de habitabilidad en gran parte del planeta, es la aceleración del caos climático. No corresponde hablar de cambio climático, como si fuera un hecho accidental o lineal, sino de fenómenos muy avanzados de disrupción en nuestra biosfera, causados por modos de producción crecentistas y fosilistas. Lo que está en discusión refiere a la velocidad de evolución, y las políticas y medidas que puedan mitigar su alcance. Quizá también cómo podemos contribuir a revertir o estabilizar algunos procesos, y adaptar nuestras sociedades a un clima inestable, adverso y complejo, que puede adoptar umbrales y tendencias climáticas muy diferentes a las conocidas por la humanidad. La expansión del sistema superindustrial fosilista, cuya depredación se intensifica bajo la lógica de la acumulación capitalista y la mercantilización de lo existente, se constata como causa motora de la radical alteración de las condiciones climáticas. Nos encontramos con un efecto invernadero comparable al existente en el Plioceno, fruto de la emisión masiva de gases 1/, con una biosfera degradada y contaminada con efectos de muy largo plazo, comprometiendo las formas de vida complejas.

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¿Despido gratis? Los efectos de la mochila austríaca

Autor: Luis Cardenas

ctxt.es (La Paradoja de Kaldor)

En las recientes propuestas electorales han vuelto a la actualidad el fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido, popularmente denominado “mochila austríaca”. Como es conocido, esta medida consiste en la introducción de un fondo (equivalente a uno de pensiones) donde la empresa aporta un porcentaje del sueldo del trabajador al cual se tiene acceso en caso de despido o jubilación.

Aunque este porcentaje podría añadirse al sueldo y a las cotizaciones del trabajador, en realidad no se ha plantado así en nuestro país. En la propuesta del PSOE recogida en la Reforma Laboral de 2010 (“Disposición Final Segunda. Fondo de Capitalización”) se establece de manera explícita que no se subirán las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, lo cual también parece evidenciarse en el acuerdo de gobierno al que llegaron el PSOE y Ciudadanos en 2016, así como en la propuesta legislativa más reciente de C’s. En definitiva, esto supone que los recursos del fondo saldrían del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de contribuciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa.

En teoría, el primer problema que pretende resolver esta medida es la falta de movilidad de los trabajadores con mayor antigüedad por miedo a perder su indemnización por despido. Si bien no existe una evidencia clara sobre este tema, dado que, aparte de la indemnización, la antigüedad en la empresa otorga otra serie de derechos (como complementos al sueldo derivados de la antigüedad), y la cada vez menor duración de los contratos, es difícil que exista un colectivo muy grande de gente que pudiendo cambiarse de trabajo no lo haga por miedo a perder la indemnización. Además, de ser el caso, pueden buscarse alternativas para ese colectivo específico, por ejemplo, reformando el FOGASA para ampliar las condiciones en las cuales se puede acceder a la indemnización por extinción voluntaria con causa justa sin tener que reducir los derechos del conjunto de trabajadores.

El otro problema que pretende resolver la “mochila austriaca” es la rotación e inestabilidad que sufre un colectivo cada vez más amplio de trabajadores (la mitad de los afiliados al Régimen General de la Seguridad Social tienen contratos atípicos). De acuerdo a los defensores de esta medida, la rotación se debe al excesivo coste de despido que tienen los contratos indefinidos a tiempo completo con cierta antigüedad (en ocasiones denominados insiders) frente al resto de trabajadores (nombrados como outsiders). Reducir el “exceso de protección” que supone esa barrera de salida es un objetivo central de sus proponentes.

De hecho, bonificar los despidos ya fue una estrategia del PSOE. Durante el período 2011-2013 se utilizó el FOGASA para pagar 8 de los 20 días de salario por año trabajado en las empresas de menos de 25 trabajadores en despidos objetivos y en despido colectivo (ERE), sin que esto repercutiera en una menor dualidad o inestabilidad.

Aunque los partidos que la proponen (PSOE y C’s) no han llegado a establecer cuál sería el porcentaje del salario que se destinaría al fondo, si tomamos como referencia el caso austríaco se trataría de una indemnización de 5,5 días por año trabajado (un 1.53% de 365 días), frente a las indemnizaciones por despido actualmente existentes de 12 días (temporales), 20 días (indefinidos procedente) y 33 días (indefinidos improcedente).

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